LaLiga y Telefónica lo han vuelto a hacer. Con el arranque de la temporada 2025/26, la maquinaria de los bloqueos de IP se ha puesto en marcha como si de un ejército se tratara. Y no exagero: el despliegue parece diseñado para infundir miedo, tanto en quienes piratean como en quienes ni siquiera tenían intención de hacerlo.
La primera jornada de Primera División comenzó ayer, y junto a ella, cientos de direcciones IP dejaron de estar accesibles desde los principales proveedores de internet: Movistar, Digi, Orange, Vodafone. La escena se repite, pero esta vez con un guion más duro y perfeccionado.
El doble discurso: miedo y fuerza
En los días previos, LaLiga había preparado el terreno con su habitual estrategia de “diplomacia”. Una campaña que no informaba, sino que buscaba atemorizar: “cuidado con las apps pirata, que te pueden colar malware”. Y, por supuesto, la advertencia legal: que tu operadora podría colaborar para identificarte. Un mensaje que más que pedagógico parece un regaño paternalista.
Pero para los que se atreven a esquivar esas amenazas, llega el otro brazo de hierro: el bloqueo técnico. Se vende como la vía militar para frenar la piratería, aunque la realidad es más incómoda: los verdaderos piratas usan VPN, saltándose el bloqueo como si nada. Los perjudicados son, otra vez, los usuarios de a pie. Aquellos que solo querían navegar tranquilamente y que ahora se encuentran con muros digitales levantados frente a ellos.
Movistar, Digi, Orange y Vodafone: cada uno a su manera
Durante la pasada temporada, Movistar fue la más agresiva con su famoso “blackhole”: direcciones IP que caen en un agujero negro digital. Los paquetes desaparecen, el navegador queda esperando, y el usuario sin entender nada. Digi intentó lo mismo, pero reculó tras las quejas y decidió señalar con el dedo: “la culpa es de LaLiga y Telefónica”.
Orange y Vodafone, en cambio, jugaron con bloqueos más suaves: inspección de tráfico, cabeceras HTTP, métodos que ya quedaban obsoletos ante mejoras como ECH. Pero todo esto ha cambiado en la temporada actual.
Ahora, Movistar combina bloqueos dinámicos: a ratos muestra el famoso error HTTP 451 – File unavailable For Legal Reasons, y a ratos se limita a enterrar las direcciones en el agujero negro. Y ojo: por primera vez han extendido el bloqueo a IPv6.
Vodafone y Orange también han endurecido su estrategia. Si una web apunta a una IP sospechosa, da igual que uses HTTP o HTTPS: tu conexión será interceptada. Vodafone incluso se ha tomado el tiempo de modernizar su mensaje de bloqueo. Bonito gesto, aunque vacío, porque el problema no es la estética sino el principio.
La red pierde neutralidad, los consumidores confianza
El panorama no invita al optimismo. LaLiga y Telefónica tienen luz verde judicial hasta 2027. Tres temporadas más en las que el acceso a internet en España quedará condicionado por lo que decidan los intereses del fútbol. Y lo peor: los bloqueos no distinguen entre lo legal y lo ilegal. Si la IP está en la lista negra, todos los sitios que compartan ese mismo servidor desaparecen del mapa.
Cloudflare, RootedCon y otras voces críticas han llevado el asunto al Constitucional. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con los consumidores? Silencio administrativo. Nadie mueve un dedo para garantizar la neutralidad de la red.
Un futuro más cerrado
La extensión a IPv6, la rendición de Vodafone y Orange aceptando el modelo blackhole, y la pasividad de los organismos públicos solo dejan un mensaje claro: el cerco se cierra. La conectividad en España entra en una fase peligrosa, donde cada día de partido se convierte en un recordatorio de que la red no es tan libre como creíamos.
Porque aquí la pregunta no es si alguien ve el fútbol gratis o no. La pregunta es mucho más grave: ¿hasta dónde vamos a permitir que los intereses privados definan qué se puede ver y qué no en Internet?
Y quizá haya que decirlo sin rodeos: el fútbol, tal y como está planteado hoy, se ha convertido en un cáncer para la red. Sus dirigentes, con su ansia de control y sus métodos de intimidación, se comportan como auténticos gánsters digitales, al más puro estilo Al Capone. No negocian, imponen. No dialogan, amenazan. Y mientras tanto, los ciudadanos pagamos las consecuencias.
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