El Consejo Federal suizo ha decidido probar en serio eso de vivir sin Microsoft. Desde este mes, 3.000 estaciones de trabajo de la administración federal han empezado a funcionar con software libre en paralelo a Microsoft 365, dentro de un piloto que busca comprobar si el resto del país puede seguir el mismo camino. No es una cifra enorme si la comparas con el parque total de la administración, más de 54.000 ordenadores, pero sí es la primera vez que Suiza mueve ficha a esta escala, y eso convierte a este piloto en uno de los experimentos de soberanía digital más vigilados de Europa ahora mismo.
La Cancillería Federal ha destinado 9 millones de francos suizos a este despliegue, que llega tras una fase de pruebas mucho más modesta. El 3 de septiembre se publicaron los resultados de PoC BOSS, un proyecto piloto en el que 172 funcionarios probaron durante meses la suite openDesk, una plataforma alemana de colaboración construida enteramente con herramientas abiertas. Los resultados en tareas cotidianas, como editar documentos o gestionar el correo, fueron buenos. La videoconferencia con muchos participantes, en cambio, todavía cojea, algo que cualquiera que haya trasteado con alternativas libres a Teams reconocerá de inmediato.
Lo interesante de este proceso es que Suiza no está haciendo un salto al vacío. Ha ido escalando con cuidado: primero 172 personas, ahora 3.000, y solo si esta fase funciona se planteará extender el cambio al resto de la administración federal, con el horizonte puesto en finales de 2027. Durante este piloto, el nuevo entorno convive con Microsoft 365 en lugar de sustituirlo de golpe, lo cual tiene sentido. Cualquiera que haya vivido una migración de sistemas sabe que forzar el cambio de la noche a la mañana suele acabar en desastre, y aquí se nota que alguien ha aprendido esa lección.
Detrás de la decisión hay algo más que preferencia técnica. Matthias Stürmer, profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, resume tres razones que explican por qué un gobierno entero se plantea dejar atrás un ecosistema tan asentado como el de Microsoft. La primera es el riesgo de que la legislación estadounidense sobre datos en la nube permita a autoridades extranjeras acceder a información del gobierno suizo, algo que en un país tan celoso de su neutralidad y su privacidad no es un detalle menor. La segunda es la dependencia de un único proveedor extranjero para servicios críticos, lo que convierte cualquier cambio de política comercial o cualquier incidente técnico en un problema de Estado. Y la tercera, más terrenal, son los costes: las licencias propietarias no dejan de subir, y esa factura la paga el contribuyente suizo sin que el país tenga ninguna palanca de negociación real.
El Comando Cibernético del ejército suizo, de hecho, ni siquiera está esperando a que este piloto civil termine. Ya trabaja para completar la sustitución total de Microsoft 365 por openDesk antes de octubre de 2026, con una lógica todavía más directa: en el ámbito militar, que gobiernos extranjeros puedan acceder a datos sensibles no es un riesgo teórico, es justo lo que se quiere evitar a toda costa.
Todo esto no surge de la nada. En 2024 entró en vigor la Ley EMBAG, que obliga a las agencias federales suizas a publicar como código abierto el software que desarrollan, salvo excepciones justificadas. Es una ley pensada para fomentar la soberanía digital y también para que la innovación del sector público no quede encerrada en silos privados. Y en diciembre de 2025 el Consejo Federal fue un paso más allá, situando la soberanía digital como prioridad estratégica, definida como la capacidad del gobierno federal de cumplir su misión sin depender de un proveedor externo o de un país concreto. Dicho sin rodeos: reducir la dependencia de las grandes tecnológicas estadounidenses.
Suiza no es un caso aislado. Francia y Alemania llevan tiempo explorando movimientos parecidos, con resultados desiguales, y este tipo de iniciativas suelen convertirse en referencia para otros países que se plantean lo mismo pero no se atreven a dar el primer paso. Curiosamente, Microsoft no se ha quedado de brazos cruzados ante este clima: la compañía ha anunciado una inversión de más de 325 millones de francos suizos para ampliar su infraestructura de nube e inteligencia artificial en el país, en parte para intentar diluir el argumento de la soberanía tecnológica desde dentro.
Lo que hace especial este piloto no es tanto la cifra de ordenadores afectados, que a escala de toda la administración es modesta, sino la señal política que envía. Un gobierno europeo está dispuesto a invertir dinero, tiempo y capital político en comprobar si el software libre puede sostener la maquinaria administrativa de un país entero, y lo hace además de forma escalonada, midiendo cada paso antes de dar el siguiente. Si funciona, no sería extraño ver a otros gobiernos citando a Suiza como precedente la próxima vez que alguien pregunte si esto es realmente viable fuera del entorno técnico.
Fuente: Itsfoss
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