Imagina que cada vez que una administración pública en Europa necesita comprar software, su primera pregunta obligatoria sea: ¿existe ya una alternativa de código abierto que funcione? Eso es exactamente lo que un grupo de empresas tecnológicas europeas le está pidiendo a la Comisión Europea, y la iniciativa tiene más peso del que parece a primera vista.
La Unión Europea lleva meses trabajando en lo que ha llamado el Tech Sovereignty Package, un conjunto de medidas para reducir la dependencia tecnológica de Europa frente a grandes actores externos, principalmente estadounidenses y asiáticos. A ese paquete se suma el futuro Cloud and AI Development Act, una propuesta centrada en potenciar la capacidad europea en inteligencia artificial y servicios en la nube. Es en ese escenario donde SUSE, una de las empresas más veteranas del mundo del Linux empresarial, ha liderado el envío de una carta abierta dirigida a las instituciones europeas. La acompañan otros quince nombres del ecosistema open source europeo, entre ellos Nextcloud, Element, Collabora Office y OpenProject, todos ellos con productos reales y en uso en organizaciones de todo el continente. El mensaje es concreto: piden una legislación que obligue a las administraciones públicas a evaluar primero si existe una solución de código abierto adecuada antes de contratar software propietario. Y que ese análisis no sea un simple trámite de papel, sino algo documentado y auditable. Que quede constancia de por qué se eligió lo que se eligió.
Antes de seguir, conviene aclarar qué es el software de código abierto para quien no esté familiarizado. Se trata de programas cuyo código fuente es público y accesible, lo que permite a cualquier organización inspeccionarlo, modificarlo y adaptarlo a sus necesidades sin depender del permiso del fabricante original. Ejemplos que quizás ya conoces: LibreOffice, Linux, Nextcloud o el navegador Firefox. La propuesta no plantea prohibir el software privativo ni excluir a empresas de fuera de la Unión Europea. No va de eso. Va de cambiar el orden de prioridades en el punto de partida. Hoy en día, cuando un ayuntamiento o un ministerio europeo necesita una herramienta digital, el camino habitual lleva directamente a los grandes proveedores consolidados, casi siempre estadounidenses, sin que nadie tenga que justificar por qué no se miró antes si había algo abierto que sirviera. Lo que piden los firmantes es invertir esa lógica. Que la opción soberana, la que permite al sector público controlar realmente lo que usa, sea la primera en examinarse, no la última.
Los promotores de la iniciativa señalan algo que resulta incómodo pero difícil de rebatir. El sector público europeo es uno de los principales responsables del llamado vendor lock-in, que en castellano podría traducirse como bloqueo del proveedor. Eso ocurre cuando una organización queda tan atada a una herramienta concreta que cambiarla se vuelve casi imposible sin asumir costes y riesgos enormes. Esa situación no es inevitable ni técnica. Es el resultado acumulado de años de decisiones de compra en las que las alternativas abiertas sencillamente no tenían por qué ser consideradas. Nadie obligaba a mirarlas. Y así, poco a poco, muchas administraciones han construido su infraestructura digital sobre sistemas que no pueden inspeccionar, no pueden modificar y no pueden sustituir sin permiso ni coste del proveedor original. Dirk-Peter van Leeuwen, CEO de SUSE, lo resume con una frase que merece la pena detenerse a leer: los edificios se vuelven europeos, la dependencia no. Con esto señala algo que el debate político a menudo pasa por alto: que tener un centro de datos físicamente en suelo europeo no garantiza soberanía real si el software que corre dentro pertenece a una empresa extranjera y no puede tocarse sin su consentimiento.
Van Leeuwen defiende que la discusión debe desplazarse desde dónde están los servidores hacia cómo está construido el software. Y ahí es donde el código abierto tiene una ventaja estructural que ningún software propietario puede ofrecer por definición: la posibilidad de que cualquier organización competente pueda entrar, examinar, mantener y evolucionar el sistema sin depender del fabricante original. Eso no significa que sea gratis ni que sea fácil. Significa que la capacidad de decisión y de control no queda en manos de una empresa externa. Para una administración pública, para un hospital, para un sistema de infraestructuras críticas, esa diferencia no es filosófica. Es práctica y urgente. Tras el envío de la carta, el gabinete de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, invitó a los firmantes a mantener una reunión. Van Leeuwen describe ese encuentro como alentador, aunque el camino desde una reunión hasta una directiva vinculante suele ser largo y accidentado.
Esta iniciativa recuerda inevitablemente a la campaña ¿Dinero público? ¡Código público!, que la Free Software Foundation Europe lleva impulsando desde hace casi una década. El espíritu es similar: si el dinero de los ciudadanos paga el software, ese software debería estar disponible para todos. Pero hay diferencias importantes que conviene señalar. Aquella campaña se centraba principalmente en el software desarrollado por las propias administraciones. Esta apunta también a la contratación de soluciones externas. Además, el respaldo empresarial directo que tiene ahora la iniciativa, con empresas que facturan y compiten en el mercado real, le da un perfil diferente al de un movimiento puramente activista. Y el momento geopolítico, con Europa buscando activamente reducir su exposición tecnológica frente a Estados Unidos y China, añade una urgencia que hace unos años simplemente no existía. La campaña sigue abierta a nuevas adhesiones a través de la página habilitada por SUSE, y los firmantes esperan que su mensaje llegue a tiempo de influir en las propuestas que se presenten dentro del Tech Sovereignty Package. Si Europa de verdad quiere construir soberanía digital, tendrá que ir más allá de decidir dónde pone los servidores. Tendrá que decidir, por fin, qué tipo de software quiere usar y con qué nivel de control real sobre él. Esa pregunta lleva años esperando una respuesta a la altura.
Fuente: Laboratorio linux
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